Directiva whistleblowing: ¿qué dice la normativa?

La directiva whistleblowing o directiva whistleblower como también se la conoce, es una normativa europea que busca proteger a las personas que informen sobre infracciones que se producen en una organización. 

La normativa se aprobó a través de la Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, para la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión. Su transposición se encuentra en la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

Esta normativa establece estándares mínimos para la creación de canales de denuncias en los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para aquellas personas que reporten conductas indebidas sin temor a represalias. 

La directiva whistleblower ayuda a fortalecer la ética empresarial y la responsabilidad corporativa de las empresas que forman parte de la Unión Europea.

Whistleblowing: Datos, hechos y medidas importantes

Esta guía te permitirá conocer fácilmente:

• Cambios recientes y próximos en las leyes de denuncia de irregularidades.

• Opiniones de los trabajadores españoles sobre este tema.

• Cómo habilitar la denuncia de irregularidades con Personio.

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La directiva  whistleblowing busca fomentar la transparencia y el cumplimiento de la legislación vigente en las organizaciones, protegiendo a quienes denuncien las irregularidades que contempla la normativa. En este sentido, sus principales objetivos son:

• Crear un canal de denuncias seguro y disponible para todos los empleados y colaboradores externos a la empresa (como por ejemplo proveedores). 

• Proteger a los trabajadores de superiores o la propia empresa.

• Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante.

• Ofrecer apoyo legal y psicológico a los denunciantes que lo necesiten.

• Crear una cultura de confianza y transparencia en las empresas e instituciones.

• Favorecer un entorno en el que los trabajadores puedan alzar la voz sin temor a represalias.

• Facilitar la detección y prevención de delitos e infracciones.

• Luchar contra la corrupción y otros delitos.

• Fomentar la cultura de la información y comunicación.

• Garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

El canal de denuncias es el sistema que la directiva europea contempla como la vía para informar sobre las infracciones que se comentan. Para ello, el canal de denuncias debe permitir lo siguiente:

• Dar la posibilidad al denunciante de informar de manera anónima cualquier incumplimiento.

• Proporcionar un acuse de recibo al denunciante en menos de 7 días desde que ha realizado la denuncia.

• Las denuncias deben ser asignadas a un responsable de su tratamiento.

• El canal de denuncias ha de cumplir con lo dispuesto en el RGPD sobre el tratamiento de datos personales. 

• Las denuncias han de ser resueltas en un plazo de 3 meses. Para ello, es conveniente que el canal de denuncias permita el envío automático de notificaciones que alerten de vencimientos. 

• Las denuncias pueden realizarse por correo electrónico o postal, a través de una plataforma digital o por teléfono, siempre que se cumpla con lo anterior. 

Para implementar un sistema que permita cumplir con los requisitos de la normativa, es recomendable utilizar un software de canal de denuncias. Este tipo de programas están configurados de manera que es posible configurar flujos de trabajo automatizados, como el envío de notificaciones, y garantizan la confidencialidad y anonimato de los denunciantes y sus datos. 

Si quieres más información sobre cómo ponerlo en marcha, te invitamos a leer este artículo en el que explicamos las claves para implementar un canal de denuncias. 

La directiva whistleblowing define una infracción como cualquier acto u omisión que sea contrario al derecho de la Unión Europea en los ámbitos de:

• Contratación pública: fraude, el abuso del poder para obtener beneficios personales o el uso de dinero público de manera incorrecta en licitaciones públicas son problemas frecuentes.

• Servicios financieros: blanqueo de capitales,  el apoyo al terrorismo, la alteración del mercado y el uso indebido de información confidencial.

• Seguridad y cumplimiento normativo: en productos peligrosos o defectuosos, daños al medioambiente, seguridad alimentaria y protección de datos.

• Lucha contra la corrupción: soborno, la utilización de dinero de manera incorrecta, la obtención de ganancias de forma ilegal y tráfico de influencias.

• Salud pública: falsificación de medicamentos, ensayos clínicos fraudulentos y amenazas para la salud pública, como pandemias.

• Protección de datos: violación de la normativa de protección de datos, ciberataques y robo de datos.

• Transporte: seguridad aérea, marítima y terrestre, contaminación del medioambiente por el transporte y fraude en el transporte.

• Mercado interior: libre circulación de bienes y servicios, competencia leal y protección de los consumidores.

• Impuestos: evasión fiscal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

• Medioambiente: contaminación del aire, agua y suelo, deforestación y cambio climático.

La directiva del canal de denuncias whistleblowing afecta a las siguientes empresas de forma obligatoria: 

• Empresas del sector público: todas las Administraciones públicas, así como entidades públicas con personalidad jurídica propia, como las empresas públicas, universidades y hospitales públicos.

• Empresas del sector privado: aquellas que cuentan con 50 o más empleados en el momento de la transposición de la directiva a la legislación nacional. También empresas con entre 50 y 249 empleados desde el 1 de diciembre de 2023.

La directiva whistleblowing establece un marco común para la protección de los denunciantes en toda la Unión Europea. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

1. Presentación de la denuncia: el denunciante puede presentar la denuncia a través de diversos canales, como la página web, un correo electrónico, por  teléfono o en persona. La denuncia puede presentarse de forma anónima o con identidad protegida y debe contener información suficiente para que la empresa pueda investigarla, como la naturaleza de la infracción, las personas implicadas y las pruebas disponibles.

2. Acuse de recibo: la empresa debe confirmar la recepción de la denuncia en un plazo de siete días. 

3. Investigación: la empresa debe examinar la denuncia de forma imparcial y diligente. La resolución debe concluir en un plazo de tres meses, que puede prorrogarse por otros tres meses si es necesario. Y siempre bajo la protección de la confidencialidad del denunciante.

4. Comunicación de los resultados: la empresa debe comunicar los resultados de la investigación al denunciante en un plazo de un mes desde su finalización, incluyendo las medidas que se han tomado o que se tomarán en respuesta a la denuncia.

5. Protección del denunciante: el denunciante está protegido frente a represalias por parte de la empresa. Esta protección incluye la prohibición de despedir, degradar o amonestar al denunciante por haber presentado una denuncia. Además, tiene derecho a asesoramiento jurídico y a apoyo psicológico.

6. Seguimiento: la empresa debe llevar a cabo un seguimiento para garantizar que se han tomado las medidas adecuadas para resolver el problema que causó la denuncia.  

La Ley 2/2023 establece un régimen sancionador para las empresas que incumplan sus obligaciones en materia de protección de los denunciantes. Según esta norma jurídica, las sanciones pueden ir desde los 100.000 hasta el millón de euros. 

Para las personas jurídicas (una sociedad limitada, por ejemplo) las multas pueden ser las siguientes en función de la gravedad:

• Infracciones leves: hasta 1.000.000 euros, con una cuantía de hasta 100.000 euros para casos de infracciones leves. 

• Infracciones graves: las sanciones van desde los 100.001 a los 600.000 euros para irregularidades graves.

• Infracciones muy graves: sanciones de entre 600.001 y 1.000.000 de euros para infracciones muy graves. 

Para las personas físicas las sanciones se reducen y pueden llegar a los 300.000 euros. Según el tipo de infracción son las siguientes acuantías:

• Infracciones leves: de 1.001 hasta 10.000 euros por infracciones leves.

• Infracciones graves: entre 10.001 y 30.000 euros por infracciones graves

• Infracciones muy graves: de 30.001 hasta 300.000 euros por infracciones muy graves.

Además, la ley también contempla otras sanciones, como la publicación de la sanción en el Boletín Oficial del Estado o la inhabilitación para obtener subvenciones o participar en licitaciones públicas, además de daños a su reputación y perder la confianza de sus clientes, empleados e inversores.

En caso de sanciones muy graves, otras consecuencias son: amonestación pública, prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años y prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de dos años.

Un software de canal de denuncias ayuda a las empresas a cumplir con la directiva whistleblowing y garantiza una vía segura y anónima para que los empleados puedan denunciar irregularidades. Algunas de las ventajas de usar este tipo de soluciones son: 

• Facilidad de uso, tanto para los empleados como para los responsables de la gestión de las denuncias. 

• Implementación sencilla y rápida, lo que permite cumplir con la normativa en tiempo récord.

• Los empleados pueden presentar sus denuncias a través de la web, aplicación móvil o vía telefónica.

• Los responsables de la gestión de las denuncias pueden acceder a las denuncias y gestionarlas desde una única plataforma.

• Garantiza el cumplimiento con los más altos estándares de seguridad y confidencialidad.

• Permite iniciar los pasos para que empleados accedan a asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

• Ayuda a las empresas a investigar las denuncias de forma eficiente y eficaz.

• Ayuda a los responsables de la gestión de las denuncias a recoger pruebas, entrevistar a testigos y tomar decisiones, centralizando toda la información del proceso en un único lugar.

• Reduce el riesgo de fraude, corrupción y otras irregularidades.

• Mejora la cultura empresarial, creando un entorno más transparente y ético, sin un exceso de costes ni recursos.

• Permite a las empresas mejorar la confianza de sus trabajadores y crear un mejor lugar para trabajar.

Whistleblowing: Datos, hechos y medidas importantes

Esta guía te permitirá conocer fácilmente:

• Cambios recientes y próximos en las leyes de denuncia de irregularidades.

• Opiniones de los trabajadores españoles sobre este tema.

• Cómo habilitar la denuncia de irregularidades con Personio.

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A continuación resolvemos algunas de las preguntas más frecuentes en torno a la directiva y su aplicación:

A nivel europeo, la directiva se aprobó el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Por su parte, en España, la fecha de aprobación fue el 20 de febrero de 2023 y su entrada en vigor fue escalonada. 

El 13 de junio, para las empresas con más de 249 trabajadores, y el 1 de diciembre de 2023 para empresas de entre 50 y 249 trabajadores. 

Qué se puede denunciar en un canal de denuncias está recogido en La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas informantes, y en el anexo de la Directiva Whistleblowing (2019/1937).

En este sentido se especifica que es posible denunciar cualquier infracción contraria al Derecho de la UE, cuando estén dentro del ámbito de aplicación de Directivas y Reglamentos de la UE y relacionadas con los siguientes aspectos: contratación pública; seguridad y conformidad de productos; seguridad alimentaria y de piensos; salud y bienestar animal; salud pública o servicios, productos y mercados financieros, así como la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otros.

También aquellas que afecten a los intereses financieros de la UE que se especifican en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las que afecten al mercado interior según el artículo 26.2. Además de las infracciones penales o administrativas graves o muy graves. 

Otro tipo de irregularidades que se pueden denunciar son cualquier tipo de delito, acoso laboral, discriminaciones o un uso fraudulento de los recursos de la empresa, entre otros. 

La directiva whistleblower protege a aquellas personas, ya sean empleados o colaboradores externos a la empresa, que denuncian irregularidades que se producen en una organización para que no sufran represalias por ello.