Cesión ilegal de trabajadores: cómo identificarla y evitarla

La cesión ilegal de trabajadores tiene lugar cuando una empresa (cedente) contrata a un trabajador para que trabaje para otra (cesionaria). Solo tienen autorización para hacerlo las empresas de trabajo temporal (ETT). 

La cesión ilegal implica fraude a la normativa laboral. Normalmente, las empresas la realizan con diferentes fines, entre los que se pueden incluir eludir responsabilidades o derechos laborales o evadir impuestos, entre otros. Estas serían algunas de las circunstancias para que las empresas practiquen esta cesión ilegal. 

Se puede dar el caso de que las corporaciones implicadas traten de esquivar convenios colectivos con menos derechos, salario o días de descanso regulados.

También para hacer creer que empresas tapadera sí tienen actividad, cuando en realidad no es así. Contratan para simular trabajo, pero, posteriormente, ceden ilegalmente a ese empleado a otra corporación.

Cuando una empresa incurre en la cesión ilegal de trabajadores tiene que hacer frente a diversas consecuencias. 

En primer lugar, hay que destacar los derechos que automáticamente adquiere el trabajador que ha sido ilegalmente cedido:

• Ser contratado como trabajador con contrato indefinido. 

• Decidir para cuál de las dos empresas quiere trabajar. 

• La antigüedad como trabajador empieza a contar desde que se produce la cesión ilegal. 

• Todos los trabajadores que ocupan el mismo puesto tienen derecho a recibir el mismo salario. Por lo tanto, si el salario a percibir durante la cesión ha sido inferior al de un trabajador de la misma categoría, el empleado cedido ilegalmente tiene derecho a reclamar la diferencia. 

• No se puede finalizar el contrato, salvo que así lo desee el empleado. 

• Tiene derecho a las mismas condiciones de trabajo que cualquier otro empleado de la empresa: horario, salario, etc. 

• Las empresas se responsabilizan de las obligaciones que han recaído sobre el empleado, como el pago a la Seguridad Social. 

Además, la cesión ilegal de trabajadores conlleva sanciones económicas para las empresas. Como establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), esta infracción es muy grave y conlleva multas que van desde los 7.501 euros a los 225.018 euros.

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Si alguna de las siguientes circunstancias no está relacionada con la empresa que ha contratado, o bien están siendo gestionadas por una corporación distinta (cesionaria), el empleado puede identificar que hay cesión ilegal:

• Se facilita un lugar de trabajo que concuerda con una empresa cesionaria, y no con la que supuestamente ha contratado al empleado.

• La empresa cesionaria es quien indica la jornada laboral.

• La que también gestiona las vacaciones. 

• Esta otra empresa es la que lleva el control del trabajo del empleado. 

• Proporciona un uniforme y distintivos diferentes a los esperados y sin previo aviso. En el caso de que no concuerden con la empresa con la que supuestamente se trabaja, el empleado tiene una pista de que podría haber ilegalidad.  

• La cesionaria es quien facilita los instrumentos y todo el material de trabajo al empleado. 

• El trabajador no acude a quien le ha  contratado cuando se produce algún problema o incidente. 

• El trabajador aparece en el organigrama de la empresa cesionaria. 

• Las funciones que se realizan son similares o iguales a la de otros empleados que han firmado contrato de trabajo con la empresa cesionaria.

• Cuando el empleado es obligado a identificarse ante terceros y clientes como trabajador de la empresa cesionaria. 

El término terciarización ha llevado a relacionar al sector terciario con una mayor identificación con la cesión ilegal de trabajadores. Sin embargo, no es así. 

Las empresas pueden subcontratar la prestación de un determinado servicio a otras, las cuales utilizarán a sus profesionales, correctamente contratados y dados de alta, para prestar dicho servicio externalizado. 

Esto, en ningún caso, es ilegal y no tendría que guardar relación alguna con la cesión ilegal de empleados.

Una empresa puede evitar la cesión ilegal de trabajadores tomando las siguientes medidas. 

En primer lugar, las empresas tienen que ser conocedoras de la legislación vigente en cada momento, para lo cual se recomienda contratar a profesionales especializados, como gestores o abogados. De esta manera, conocerá en todo momento si está o no incurriendo en la cesión ilegal y cuáles son sus consecuencias. 

Supervisar las condiciones de los contratos. Hay que asegurarse de que los trabajadores están recibiendo salarios justos, los beneficios correspondientes y que están bajo condiciones laborales seguras y acordes al puesto de trabajo. 

Realizar auditorías dentro de la empresa también es una posible medida. Es una manera que permite detectar diversas infracciones laborales, incluyendo la cesión ilegal. 

Por último, cerciorarse de que es la empresa que contrata al empleado quien facilita el material, equipos y herramientas de trabajo, así como el uniforme, distintivos y elementos de seguridad. Además, el espacio donde se desarrolla la actividad debe pertenecer a la empresa que contrata. 

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Según el derecho laboral, las sanciones a las que se enfrentan las empresas tras la cesión ilegal de trabajadores son variadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas acusadas de cesión ilegal de trabajadores tienen la oportunidad de defenderse. 

Generalmente, reciben una notificación con las sanciones propuestas. Desde que la reciben tienen un tiempo para alegar su defensa. Pueden utilizar pruebas, argumentos, etc. 

Son las empresas las que tienen que responsabilizarse de las obligaciones y derechos de los empleados cedidos ilegalmente. Por ejemplo, pagar los salarios, indemnizaciones, Seguridad Social, contratar al empleado si así lo desea con contrato indefinido, etc. 

La cesión ilegal de trabajadores es una sanción grave y, por tanto, conlleva multas económicas elevadas. Se establecen tres grupos: mínimo, medio y máximo. Son multas a las que deben hacer frente ambas empresas, tanto la cedente como la cesionaria. La elección del tipo de sanción depende de la autoridad correspondiente que estudia cada caso. Puede ser la inspección de trabajo o los jueces cuando se procede a un proceso judicial. 

• Grado mínimo: de los 7.501 a los 30.000 euros.

• Grado medio: de los 30.001 a los 120.005 euros.

• Grado máximo: de los 120.006 euros a los 225.018 euros.

En ocasiones, las autoridades laborales ordenan el cierre temporal de la empresa o, incluso, les prohíben operar en el futuro. El objetivo es evitar que vuelvan a incurrir de nuevo en la cesión ilegal, con lo que ello conlleva. 

La ley establece la posibilidad de iniciar acciones penales contra la empresa y las personas responsables de la infracción. Estas consecuencias recaerían tanto en la cesionaria como en la cedente. 

En función de la gravedad del caso y la reincidencia o no de los afectados, estos podrían ir a la cárcel.

Diferenciar la cesión ilegal de trabajadores de las contratas y subcontratas legales a veces es complejo. Sin embargo, hay aspectos que las diferencia claramente. 

La empresa cedente es la que contrata al trabajador y lo cede a otra empresa. Teóricamente, es la organización responsable del empleado, es decir, quien debe hacer frente a sus obligaciones laborales y de Seguridad Social, como, por ejemplo, el pago de salarios, la afiliación a la Seguridad Social, la gestión de permisos y vacaciones, etc. 

La empresa cesionaria es la que recibe al empleado, es decir, la que se beneficia de los servicios profesionales prestados por un trabajador, aunque administrativamente no es la responsable. Esto genera una irregularidad, pues la cesionaria pasa a ser quien dirige al empleado, cuando, en realidad, no ha sido contratado por ella.